Una grave controversia golpea al Gobierno Regional del Maule luego de que el gobernador Pedro Álvarez-Salamanca (UDI) revelara un preinforme de Contraloría que detectaría más de $33 mil millones sin rendición clara entre los años 2020 y 2024. El informe, que aún no es definitivo, involucra principalmente convenios con fundaciones, corporaciones y otras entidades privadas que habrían recibido recursos públicos sin cumplir con los mecanismos de justificación exigidos por ley.
El actual gobernador apuntó directamente a la gestión anterior de Cristina Bravo (DC), afirmando que se trataba de una “situación insostenible” y que se debía aclarar el destino de esos dineros. “Eso es fatal”, declaró al referirse al impacto en la confianza ciudadana y el deber de transparencia del sector público.
Desde la vereda opuesta, Bravo respondió con dureza. Acusó a la actual administración de estar utilizando este preinforme como herramienta de ataque político, asegurando que durante su mandato existían divisiones técnicas responsables de revisar y controlar las rendiciones. Además, advirtió que el GORE Maule debe ser más riguroso al momento de transferir fondos a entidades que históricamente han incumplido con sus obligaciones legales.
Este caso ocurre en el contexto nacional de mayores exigencias sobre la rendición de fondos públicos, especialmente tras los escándalos de convenios entre fundaciones y organismos del Estado en distintas regiones del país. La Contraloría General de la República ha intensificado las auditorías y revisiones a nivel nacional, y el Maule no ha sido la excepción.
Aunque el informe final aún está pendiente, las cifras y observaciones ya generan inquietud. Se cuestiona no solo la gestión administrativa, sino también la debilidad en los filtros de fiscalización que deberían prevenir estas irregularidades. La ciudadanía observa con preocupación cómo el enfrentamiento político eclipsa la responsabilidad institucional de esclarecer los hechos.
El caso podría derivar en sanciones, eventuales devoluciones de fondos y, si se detectan delitos, en acciones judiciales. Por ahora, la región del Maule queda bajo una sombra de duda que exige respuestas claras, responsabilidad política y una revisión profunda de cómo se manejan los recursos públicos
